El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la puerta por la cual los trabajadores estadounidenses fueron empujados para entrar al mercado laboral neoliberal global.

Al establecer el principio de que las empresas estadounidenses podrían trasladar su producción a otros lugares desde los cuales vender de nuevo a Estados Unidos (EU), el TLCAN socavó el poder de negociación de los trabajadores, el cual había impulsado la expansión de la clase media desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido 20 años de estancamiento de los salarios y la redistribución hacia arriba del ingreso, la riqueza y el poder político.

El TLCAN ha afectado a los trabajadores de EU de cuatro maneras. Primera: cuando la producción se trasladó a México, causó la pérdida de unos 700 mil puestos de trabajo, sobre todo en California, Texas, Michigan y otros estados donde se concentran las manufacturas –y a los cuales llegan muchos inmigrantes desde México-. Sin duda, se crearon algunos empleos a lo largo de la frontera en los sectores de servicios y de ventas al menudeo, como resultado de un mayor tránsito camionero, pero estas ganancias son pequeñas en relación con la pérdida, y se encuentran en ocupaciones peor remuneradas. La gran mayoría de los trabajadores que han perdido puestos de trabajo a causa del TLCAN sufrieron un desplome permanente de sus ingresos.

Segunda: el TLCAN fortaleció la capacidad de los empleadores en EU para obligar a los trabajadores a aceptar salarios y prestaciones más bajos. En cuanto el TLCAN fue firmado, los administradores de las empresas comenzaron a decir a sus trabajadores que éstas se trasladarían a México a menos de que bajara el costo de mano de obra. En medio de las negociaciones colectivas con los sindicatos, algunas compañías incluso empezaron a cargar maquinaria en camiones diciendo que se irían a México. Las mismas amenazas se utilizaron para combatir los esfuerzos de organización sindical. El mensaje era: “Si usted vota en un sindicato nos mudaremos al lado sur de la frontera”.

Tercera: el efecto destructivo del TLCAN en la agricultura y en pequeñas empresas mexicanas dislocó a varios millones de trabajadores mexicanos y sus familias, y fue una razón principal del espectacular aumento de indocumentados en el mercado laboral de EU. Esto ha incidido en una presión a la baja para los salarios estadounidenses, especialmente en la mano de obra menos calificada que de por sí ya sufría de baja paga.

Cuarta, y la más importante: el TLCAN has sido el modelo para las reglas de la nueva economía mundial, en que los beneficios se trasladan al capital y los costos al trabajo. La clase gobernante de EU –en alianza con las élites financieras de sus socios comerciales- aplicaron los principios del TLCAN a la Organización Mundial del Comercio y a las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como al acuerdo que permitió que los empleadores de la gran oferta de trabajo de bajos salarios de China accedieran a los mercados de EU a cambio de que las corporaciones multinacionales estadounidenses tuvieran derecho a invertir en su país.

La doctrina del TLCAN de socialismo para el capital y libre mercado para la mano de obra también condujo la política de EU en la crisis del peso mexicano de 1994 y 1995, la crisis financiera asiática de 1997 y el colapso financiero mundial de 2008. En cada caso, el gobierno de EU organizó el rescate de los bancos y de los inversionistas corporativos del mundo, y dejó en cambio que los trabajadores se valieran por sí mismos.

En términos políticos, en EU la aprobación del TLCAN mostró que el Partido Demócrata, considerado el lado “progresista” del sistema bipartidista del país, había aceptado la ideología económica reaccionaria de Ronald Reagan. Un “Acuerdo de América del Norte” fue propuesto por primera vez por el republicano Reagan en 1979, un año antes de ser elegido presidente. Una década más tarde, su sucesor George H. W. Bush, negoció el acuerdo final con México y Canadá.

Los demócratas que controlaban el Congreso no aprobaban el acuerdo, y cuando el demócrata Bill Clinton fue elegido presidente en 1992, se dio por hecho que el péndulo político podría alejarse de la derecha y que, por lo tanto, el TLCAN nunca pasaría. Pero Clinton se rodeó de asesores económicos de Wall Street, y en su primer año impulsó la aprobación del TLCAN en el Congreso.

A pesar de la retórica, el objetivo central del TLCAN no era “la expansión del comercio”. El propósito central del TLCAN era liberar a las corporaciones estadounidenses de las leyes que protegen a los trabajadores y al medio ambiente. Además, se allanó el camino para el resto de la agenda neoliberal en EU: la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las finanzas y la destrucción del movimiento sindical independiente.

El resultado inevitable fue socavar las condiciones de vida de los trabajadores en toda América del Norte. Los salarios y las prestaciones se han quedado atrás de la productividad de los trabajadores en los tres países. Por otra parte, a pesar de la disminución de los salarios en Estados Unidos, la brecha salarial entre el trabajador mexicano típico y el estadounidense típico en la industria manufacturera sigue siendo la misma. Incluso después de hacer ajustes por diferencias en el costo de vida, los mexicanos siguen ganando alrededor de 30 por ciento de los salarios de sus homólogos de EU. Por lo tanto, el TLCAN es a la vez símbolo y esencia de la “carrera hacia el fondo” global.
En América del Norte hay dos estrategias políticas alternativas para el cambio. Una de ellas es la derogación. El TLCAN le da a cada país el derecho a salirse del acuerdo. Pero las economías y las poblaciones de los tres países se han vuelto tan integradas que una “desintegración” podría causar un desplazamiento generalizado, desempleo y una caída sustancial en los niveles de vida.

La otra opción es construir un movimiento político transfronterizo para reescribir el TLCAN de una manera que dé a ciudadanos comunes derechos y protecciones laborales al menos iguales a los privilegios actuales que se dan a los inversionistas corporativos. Obviamente, esto no será fácil. Pero ya se ha establecido una base por la creciente colaboración entre inmigrantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otras organizaciones de activistas en los tres países.

 

La Jornada del Campo (Mexico, November 16.2013)